Por José Antonio Artusi
"A 107 años del descubrimiento del petróleo en Argentina..."
El 13 de Diciembre de 1907 se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia y comenzó la larga y conflictiva historia de la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Historia jalonada por éxitos notables y retrocesos penosos, por gestas ejemplares y por ignominiosas entregas y defecciones. Los Presidentes Yrigoyen y Alvear, de la mano del Gral. Ing. Enrique Mosconi, sentaron las bases de una gran petrolera estatal nacional, YPF, la primera en su tipo en el mundo, verdadero orgullo nacional durante décadas, espejo en el que se miraron las naciones hermanas de América Latina para crear sus propias empresas petroleras.
14.12.2014 | 10:57
Hipólito Yrigoyen tenía absolutamente en claro, con notable lucidez, que el petróleo sería un bien estratégico, no renovable, y que la gestión de la política hidrocarburífera debía estar en manos de la Nación. Los intereses reaccionarios de oligarquías feudales enquistadas en las provincias y la connivencia con intereses extranjeros que dominaban al Senado le impidieron, lamentablemente, lograr lo que constituía su obsesión: la ley de nacionalización del petróleo.
El golpe infame del 30, como se ha dicho, tuvo olor a petróleo, y truncó las posibilidades de avanzar en aquel momento por el camino de la autodeterminación y la defensa del interés nacional. Yrigoyen, en el mensaje al Congreso acompañando el proyecto de ley orgánica del petróleo en 1929, expresa con contundencia: "Las leyes mineras nacionales, coincidentes con principios de derecho civil adoptados por nuestro código, fueron dictadas en una época en no podía sospecharse el valor económico y la importancia social que adquirirían en el futuro los aceites minerales o hidrocarburos industrializados y puestos en el comercio.
De ahí que no introdujera una excepción dentro del régimen legal adoptado a las substancias naturales existentes en el subsuelo, distribuyendo su dominio entre la Nación y las provincias en concordancia con su soberanía política, lo que significa entregar la dirección de los enormes intereses de todo orden relacionados con el petróleo, a criterio administrativo múltiple, cambiante y frecuentemente contradictorio de catorce jurisdicciones, además de la jurisdicción federal…
Es suficiente enunciar ese estado de cosas para comprobar sus graves inconvenientes y hasta sus peligros evidenciados ya en la alineación precipitada de concesiones por algunos gobiernos provinciales, cuyas inconsultas medidas suscitaron tan justificadas inquietudes y que, revocadas más tarde por el cambio de pensamiento emergente de la renovación de los poderes locales, han dejado tras de sí secuela de conflictos, sometidos actualmente a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Va a ser durante la presidencia de Arturo Frondizi que aquel anhelo de la nacionalización se concreta, a través de la Ley 14.773, siguiendo el criterio de la efímera Constitución de 1949, de la que aquella disposición era casi lo único rescatable. En su libro "Política y petróleo", Frondizi había señalado claramente el camino a seguir. Como señala Eduardo Conesa, "Todo el libro de Frondizi gira alrededor de la inconveniencia del sistema de concesiones porque el mismo implica otorgar en propiedad el yacimiento; y obtenida esa propiedad, los concesionarios solían mantener los yacimientos sin producir porque les interesaba importar petróleo de otras países donde sus costos de explotación eran menores, o sus ganancias mayores. Por eso, después, cuando Frondizi alcanzó la presidencia en 1958, hizo dictar por el Congreso la ley 14773 estableciendo que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, otorgándose a las provincias una regalía del 12% en función de su dominio originario o eminente. Y las provincias, especialmente las patagónicas aceptaron gustosas." (Conesa).
Me cuento entre los defensores de la anulación de los contratos de Frondizi que llevó a cabo el Presidente Arturo Illia, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la campaña electoral, por considerarlos concesiones encubiertas pero considero también que en realidad aquellas diferencias operan como una suerte de árbol que no nos deja ver el bosque. Más allá de la interpretación que se haga de los contratos, Frondizi e Illia, herederos de las mejores tradiciones del radicalismo estaban de acuerdo en lo fundamental: el petróleo es nacional, debe ser explotado por YPF, y no hay que permitir concesiones, sino que el capital privado debe colaborar a través de contratos de exploración y explotación, entregando el producto a la petrolera estatal que debe ser el organismo rector de la política hidrocarburífera.
El gobierno del usurpador Onganía, derogó la ley 14.773 y la sustituyó por la 17.319, que permitió las concesiones. En 1973 el bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido en ese entonces por Antonio Troccoli propuso por ley la nacionalización de los hidrocarburos, “ratificando la política de nacionalización total de las fuentes naturales de energía” que se planteaba en la Plataforma Electoral. También se propuso en ese momento por parte de los legisladores radicales que las regalías a las provincias productoras debían elevarse al 16,75%. (Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical, 1973).
La línea entreguista y antinacional se profundizaría luego en el gobierno peronista de Carlos Menem, auspiciado de manera entusiasta por el entonces Gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La entrega y extranjerización de YPF en los 90, no revertida del todo más allá del relato falaz del gobierno, unida más tarde a la sanción de la denominada “ley corta” en una interpretación distorsionada del Artículo 124 de la Constitución Nacional, tuvo las consecuencias de saqueo y pérdida de reservas y autoabastecimiento que son conocidas: "Además el desastre era harto previsible porque en los últimos catorce años en nuestro país hubo trece Estados distintos con políticas petroleras diferentes. Por una parte la política petrolera de España ejercitada por Repsol. Por otra, la política petrolera de Brasil ejercitada por Petrobras, que finalmente vendió a grupos clientelistas locales.
Por otra, la anti-política petrolera del Estado bobo nacional argentino que recién en abril de 2012 se dio cuenta del desaguisado que había generado…., y por último, las 10 políticas petroleras distintas de los estados provinciales con petróleo amparados en el redundante artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 sobre el supuesto “dominio originario”. Dicha política consistió en otorgar concesiones dentro del concepto de “capitalismo de amigos” para beneficio de quien sabe quién.
Pero más allá del problema de la corrupción, las provincias no están en condiciones de negociar el contenido económico de las concesiones, ya que el precio interno del fluido y las reglas de su comercialización en el mercado interno del país o en el exterior son de incumbencia del Estado Nacional. A ello se agrega la falta de simetría en el poder negociador dado por el enorme conocimiento técnico de las poderosas corporaciones multinacionales del petróleo frente el desamparo técnico y económico de nuestras provincias tomadas individualmente." (Conesa).
El desafío está trazado. Es imperativo volver a tener una política nacional de petróleo, recuperando en serio, del todo, YPF; como una empresa estatal y nacional, sujeta a todos los controles y auditorías propias del sector público; que convoque, en condiciones razonables a la participación del sector privado cuando sea necesario, pero sin concesiones.
Y, como quería Yrigoyen, hay que nacionalizar los hidrocarburos, reconociendo a las provincias, en virtud del dominio originario que les corresponde, regalías mucho más altas que las actuales, pero en el marco de una política única y centralizada, que defienda como corresponde el interés nacional, para poner la renta petrolera al servicio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los más desposeídos.
* Artusi es el Presidente del Comité departamento Uruguay de la UCR
El golpe infame del 30, como se ha dicho, tuvo olor a petróleo, y truncó las posibilidades de avanzar en aquel momento por el camino de la autodeterminación y la defensa del interés nacional. Yrigoyen, en el mensaje al Congreso acompañando el proyecto de ley orgánica del petróleo en 1929, expresa con contundencia: "Las leyes mineras nacionales, coincidentes con principios de derecho civil adoptados por nuestro código, fueron dictadas en una época en no podía sospecharse el valor económico y la importancia social que adquirirían en el futuro los aceites minerales o hidrocarburos industrializados y puestos en el comercio.
De ahí que no introdujera una excepción dentro del régimen legal adoptado a las substancias naturales existentes en el subsuelo, distribuyendo su dominio entre la Nación y las provincias en concordancia con su soberanía política, lo que significa entregar la dirección de los enormes intereses de todo orden relacionados con el petróleo, a criterio administrativo múltiple, cambiante y frecuentemente contradictorio de catorce jurisdicciones, además de la jurisdicción federal…
Es suficiente enunciar ese estado de cosas para comprobar sus graves inconvenientes y hasta sus peligros evidenciados ya en la alineación precipitada de concesiones por algunos gobiernos provinciales, cuyas inconsultas medidas suscitaron tan justificadas inquietudes y que, revocadas más tarde por el cambio de pensamiento emergente de la renovación de los poderes locales, han dejado tras de sí secuela de conflictos, sometidos actualmente a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Va a ser durante la presidencia de Arturo Frondizi que aquel anhelo de la nacionalización se concreta, a través de la Ley 14.773, siguiendo el criterio de la efímera Constitución de 1949, de la que aquella disposición era casi lo único rescatable. En su libro "Política y petróleo", Frondizi había señalado claramente el camino a seguir. Como señala Eduardo Conesa, "Todo el libro de Frondizi gira alrededor de la inconveniencia del sistema de concesiones porque el mismo implica otorgar en propiedad el yacimiento; y obtenida esa propiedad, los concesionarios solían mantener los yacimientos sin producir porque les interesaba importar petróleo de otras países donde sus costos de explotación eran menores, o sus ganancias mayores. Por eso, después, cuando Frondizi alcanzó la presidencia en 1958, hizo dictar por el Congreso la ley 14773 estableciendo que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, otorgándose a las provincias una regalía del 12% en función de su dominio originario o eminente. Y las provincias, especialmente las patagónicas aceptaron gustosas." (Conesa).
Me cuento entre los defensores de la anulación de los contratos de Frondizi que llevó a cabo el Presidente Arturo Illia, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la campaña electoral, por considerarlos concesiones encubiertas pero considero también que en realidad aquellas diferencias operan como una suerte de árbol que no nos deja ver el bosque. Más allá de la interpretación que se haga de los contratos, Frondizi e Illia, herederos de las mejores tradiciones del radicalismo estaban de acuerdo en lo fundamental: el petróleo es nacional, debe ser explotado por YPF, y no hay que permitir concesiones, sino que el capital privado debe colaborar a través de contratos de exploración y explotación, entregando el producto a la petrolera estatal que debe ser el organismo rector de la política hidrocarburífera.
El gobierno del usurpador Onganía, derogó la ley 14.773 y la sustituyó por la 17.319, que permitió las concesiones. En 1973 el bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido en ese entonces por Antonio Troccoli propuso por ley la nacionalización de los hidrocarburos, “ratificando la política de nacionalización total de las fuentes naturales de energía” que se planteaba en la Plataforma Electoral. También se propuso en ese momento por parte de los legisladores radicales que las regalías a las provincias productoras debían elevarse al 16,75%. (Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical, 1973).
La línea entreguista y antinacional se profundizaría luego en el gobierno peronista de Carlos Menem, auspiciado de manera entusiasta por el entonces Gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La entrega y extranjerización de YPF en los 90, no revertida del todo más allá del relato falaz del gobierno, unida más tarde a la sanción de la denominada “ley corta” en una interpretación distorsionada del Artículo 124 de la Constitución Nacional, tuvo las consecuencias de saqueo y pérdida de reservas y autoabastecimiento que son conocidas: "Además el desastre era harto previsible porque en los últimos catorce años en nuestro país hubo trece Estados distintos con políticas petroleras diferentes. Por una parte la política petrolera de España ejercitada por Repsol. Por otra, la política petrolera de Brasil ejercitada por Petrobras, que finalmente vendió a grupos clientelistas locales.
Por otra, la anti-política petrolera del Estado bobo nacional argentino que recién en abril de 2012 se dio cuenta del desaguisado que había generado…., y por último, las 10 políticas petroleras distintas de los estados provinciales con petróleo amparados en el redundante artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 sobre el supuesto “dominio originario”. Dicha política consistió en otorgar concesiones dentro del concepto de “capitalismo de amigos” para beneficio de quien sabe quién.
Pero más allá del problema de la corrupción, las provincias no están en condiciones de negociar el contenido económico de las concesiones, ya que el precio interno del fluido y las reglas de su comercialización en el mercado interno del país o en el exterior son de incumbencia del Estado Nacional. A ello se agrega la falta de simetría en el poder negociador dado por el enorme conocimiento técnico de las poderosas corporaciones multinacionales del petróleo frente el desamparo técnico y económico de nuestras provincias tomadas individualmente." (Conesa).
El desafío está trazado. Es imperativo volver a tener una política nacional de petróleo, recuperando en serio, del todo, YPF; como una empresa estatal y nacional, sujeta a todos los controles y auditorías propias del sector público; que convoque, en condiciones razonables a la participación del sector privado cuando sea necesario, pero sin concesiones.
Y, como quería Yrigoyen, hay que nacionalizar los hidrocarburos, reconociendo a las provincias, en virtud del dominio originario que les corresponde, regalías mucho más altas que las actuales, pero en el marco de una política única y centralizada, que defienda como corresponde el interés nacional, para poner la renta petrolera al servicio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los más desposeídos.
* Artusi es el Presidente del Comité departamento Uruguay de la UCR
