Por Juan Carlos Lucio Godoy (Cambiemos)
"Debemos lograr una Nueva Policía"
Desde el año 1975, es decir hace 40 años, tenemos una policía que está regida por una ley, la N 5654/75 que ya es no sólo antigua por la cantidad de años sino por la modificación que ha tenido la vida social, política y económica de todo el país y el mundo.
21.10.2015 | 11:28
Seguir con los mismos parámetros de una ley de la Pre Dictadura en donde al policía fue funcional al régimen militar y con un sentido prusiano, es no sólo una antigüedad sino también un peligro social porque no está adaptada a las necesidades modernas de una sociedad mucho más compleja.
Por ello que nuestros debates contemplan la modificación de esta legislación antigua y militarista por una ley que prevea el carácter civil armado de la institución policial y no un autocrático régimen donde el Jefe máximo tiene un poder omnímodo y además, por ello, posibilita que la corrupción no sólo funcione más libre con el régimen sino que se infiltre en la vida policial en contra de los intereses de los propios policías subalternos.
El sólo dato de no poder denunciar los hechos irregulares en la institución bajo pena de arresto posibilita la perversión de la organización y por ello que tantas sospechas existen hoy del funcionamiento de nuestra policía que no está basado en las bases sino en la conducción dado el carácter militarista que tiene.
Además el hecho de reducirles los salarios a los policías bajo arrestos que son irregulares afecta plenamente al policía y limita la libertad de cada ser humano que allí trabaja.
Es que nuestra idea es que el policía sea considerado un trabajador al servicio de una comunidad y no un servil de la conducción política de turno. Al no tener los derechos laborales que le corresponden a cualquier trabajador le estamos cercenando sus libertades y estamos en contra de todas las convenciones internacionales respecto a los derechos humanos de cualquier trabajador en cualquier ámbito.
Por esta y muchas razones más tanto de orden laboral y funcional como económica y de formación, es que desde nuestra fuerza, la del cambio, nos comprometemos al debate para lograr una nueva ley, propia del siglo XXI, para que jerarquice a la Institución y a cada policía y además sirva mejor a las necesidades de una sociedad flagelada por la corrupción y la droga.
Haber mantenido sin cambiar esta norma es una verdadera desidia o, podría ser peor, puede haber resultado funcional a las anormalidades que todo policía hoy, en Entre Ríos, está denunciando y reclama por una nueva legislación.
Por ello que nuestros debates contemplan la modificación de esta legislación antigua y militarista por una ley que prevea el carácter civil armado de la institución policial y no un autocrático régimen donde el Jefe máximo tiene un poder omnímodo y además, por ello, posibilita que la corrupción no sólo funcione más libre con el régimen sino que se infiltre en la vida policial en contra de los intereses de los propios policías subalternos.
El sólo dato de no poder denunciar los hechos irregulares en la institución bajo pena de arresto posibilita la perversión de la organización y por ello que tantas sospechas existen hoy del funcionamiento de nuestra policía que no está basado en las bases sino en la conducción dado el carácter militarista que tiene.
Además el hecho de reducirles los salarios a los policías bajo arrestos que son irregulares afecta plenamente al policía y limita la libertad de cada ser humano que allí trabaja.
Es que nuestra idea es que el policía sea considerado un trabajador al servicio de una comunidad y no un servil de la conducción política de turno. Al no tener los derechos laborales que le corresponden a cualquier trabajador le estamos cercenando sus libertades y estamos en contra de todas las convenciones internacionales respecto a los derechos humanos de cualquier trabajador en cualquier ámbito.
Por esta y muchas razones más tanto de orden laboral y funcional como económica y de formación, es que desde nuestra fuerza, la del cambio, nos comprometemos al debate para lograr una nueva ley, propia del siglo XXI, para que jerarquice a la Institución y a cada policía y además sirva mejor a las necesidades de una sociedad flagelada por la corrupción y la droga.
Haber mantenido sin cambiar esta norma es una verdadera desidia o, podría ser peor, puede haber resultado funcional a las anormalidades que todo policía hoy, en Entre Ríos, está denunciando y reclama por una nueva legislación.
