Primera Instancia
Entre Ríos: Declararon inconstitucional el decreto de convocatoria a las internas
El fallo de la jueza María Cristina Ardoy tiene fecha del 16 de junio y refiere a un planteo de Natacha Massera, precandidata a concejal del radicalismo en Paraná. Se critica que sea “la misma autoridad” de comicios y de escrutinio la que intervenga en dos instancias electorales de características absolutamente distintas.
18.06.2011 | 10:25
El Juzgado Civil y Comercial N° 2 hizo lugar a un planteo de una candidata a concejal de Sergio Varisco. Natacha Massera, la actora en la causa, pidió que se impugnen los artículos 1 y 4 del Decreto N° 1479. Se cuestiona que intervenga “la misma autoridad de comicios” en la elección nacional y en la provincial del 14 de agosto.
El fallo de la doctora María Cristina Ardoy tiene fecha del 16 de junio y refiere a un planteo de inconstitucionalidad presentado por Natacha Massera, precandidata a concejal del radicalismo en la lista de Sergio Varisco.
La dirigente, con el patrocinio de Raúl Avero, reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a elecciones internas abiertas y simultáneas, en coincidencia con las primarias previstas a nivel nacional para el 14 de agosto.
Especialmente se critica que sea “la misma autoridad” de comicios y de escrutinio la que intervenga en dos instancias electorales de características absolutamente distintas: 1) una instancia de primarias nacionales, obligatoria para los candidatos a presidente y a diputados nacionales, aun cuando se trate de una sola lista y también obligatoria para el elector; 2) una interna abierta y simultánea regulada por Ley Castrillón que es optativa para el elector y de la que participan solamente los partidos y categorías que tienen internas.
Al ser la misma autoridad (la misma autoridad de mesa bajo el control y coordinación del Tribunal Electoral de la provincia de un lado y la Justicia Federal con competencia electoral por el otro), Massera remarca la situación de confusión para la ciudadanía y de falta de transparencia para el proceso al darse la situación que en un mismo cuarto oscuro puedan encontrarse las boletas de esos procesos electorales tan disímiles.
El fallo
En el fallo, se menciona el pedido de Massera: “El citado Decreto Nº 1479 GOB el Poder Ejecutivo se aparta de la normativa electoral vigente en la provincia, arrogándose funciones legislativas de las que carece, cuando constitucionalmente le corresponde a la Legislatura establecer tales extremos, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 9659”. En efecto, la Ley Castrillón establece que son los partidos políticos los que tienen a su cargo la coordinación de las internas por lo cual se afirma que “se afecta así la garantía constitucional de la organización de los partidos políticos y el funcionamiento democrático del país. En este caso concreto, a la Unión Cívica Radical debe resultarle posible establecer los lugares en que se habrán de desarrollar los actos comiciales y designar las autoridades del mismo”, reclama el texto.
“¿Por qué empañar la claridad de un proceso desde el poder que se detenta, difuminando la legitimidad que el mismo requiere? ¿por qué regular mediante Decreto lo que la ley en sí no determina? ¿por qué someter a confusiones a un ya confuso electorado, cuando existen medios válidos y suficientes para llegar al triunfo, si éste así lo decide?”, subraya la magistrada en la sentencia de primera instancia.
“Indudablemente, como claramente lo determina el considerando del Decreto Nº 1478/11 (el de convocatoria a elecciones generales) ab initio nomás, ‘..es atribución del Poder Ejecutivo Provincial efectuar la convocatoria a la ciudadanía para las elecciones en el distrito dentro de los plazos que las normativas autorizan...’. Dice luego que ‘... la Ley Nacional Nº 15.262, autoriza a las provincias a realizar sus elecciones provinciales y municipales simultáneamente con las elecciones nacionales, bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio...’. Sin embargo, el artículo 4º de la ley citada dice en forma expresa: ‘ ...Las provincias cuyas normas constitucionales les impidan acogerse al régimen previsto por esta ley, podrán celebrar simultáneamente elecciones nacionales, provinciales y municipales, en la misma fecha y en el mismo local, previo acuerdo de las juntas electorales respectivas con la Junta Electoral Nacional, en todo lo concerniente al mantenimiento del orden y a la efectividad de las garantías acordadas por el régimen electoral vigente”, repasa la magistrada
Así concluye que “nada de ello condice con el considerando del Decreto Nº 1479/11, en el cual el Poder Ejecutivo de la Provincia ‘ha considerado apropiado fijar la fecha del día 14 de agosto de 2011 para la realización simultánea con la Elección Primaria, Abierta, simultánea y Obligatoria que establece la ley 26.571’. La decisión tomada por el Poder Ejecutivo, en el caso de autos, no refiere -tal como sostiene la Fiscal Adjunta- ‘a un acto administrativo, con lo cual podría hacer uso de facultades discrecionales’... (y aún así, "las discrecionalidades" también deben reconocer un límite...), sino que se trata de un acto eleccionario cuyas consecuencias y derivaciones involucran a la ciudadanía toda. Las "dudas", las "impugnaciones", las "denuncias", las "acusaciones de fraude" que recíprocamente se adjudican unos y otros participantes, hacen que los resultados se tornen lentos y las indefiniciones alcancen ribetes que lleven incluso a la necesidad de sufragar nuevamente, como acaba de suceder en la provincia de Chubut. Por eso, cualquier ciudadano, en uso de las facultades previstas primigeniamente por el art. 14 de la Constitución Nacional, puede peticionar a las autoridades, como en este caso lo hace la amparista, invocando su carácter de ciudadana. Y es merituando ese carácter y los derechos constitucionalmente protegidos, que la considero "legitimada para obrar", rechazando la oposición del Poder Ejecutivo”, continúa el fallo.
Fuente: Página Política
El fallo de la doctora María Cristina Ardoy tiene fecha del 16 de junio y refiere a un planteo de inconstitucionalidad presentado por Natacha Massera, precandidata a concejal del radicalismo en la lista de Sergio Varisco.
La dirigente, con el patrocinio de Raúl Avero, reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a elecciones internas abiertas y simultáneas, en coincidencia con las primarias previstas a nivel nacional para el 14 de agosto.
Especialmente se critica que sea “la misma autoridad” de comicios y de escrutinio la que intervenga en dos instancias electorales de características absolutamente distintas: 1) una instancia de primarias nacionales, obligatoria para los candidatos a presidente y a diputados nacionales, aun cuando se trate de una sola lista y también obligatoria para el elector; 2) una interna abierta y simultánea regulada por Ley Castrillón que es optativa para el elector y de la que participan solamente los partidos y categorías que tienen internas.
Al ser la misma autoridad (la misma autoridad de mesa bajo el control y coordinación del Tribunal Electoral de la provincia de un lado y la Justicia Federal con competencia electoral por el otro), Massera remarca la situación de confusión para la ciudadanía y de falta de transparencia para el proceso al darse la situación que en un mismo cuarto oscuro puedan encontrarse las boletas de esos procesos electorales tan disímiles.
El fallo
En el fallo, se menciona el pedido de Massera: “El citado Decreto Nº 1479 GOB el Poder Ejecutivo se aparta de la normativa electoral vigente en la provincia, arrogándose funciones legislativas de las que carece, cuando constitucionalmente le corresponde a la Legislatura establecer tales extremos, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 9659”. En efecto, la Ley Castrillón establece que son los partidos políticos los que tienen a su cargo la coordinación de las internas por lo cual se afirma que “se afecta así la garantía constitucional de la organización de los partidos políticos y el funcionamiento democrático del país. En este caso concreto, a la Unión Cívica Radical debe resultarle posible establecer los lugares en que se habrán de desarrollar los actos comiciales y designar las autoridades del mismo”, reclama el texto.
“¿Por qué empañar la claridad de un proceso desde el poder que se detenta, difuminando la legitimidad que el mismo requiere? ¿por qué regular mediante Decreto lo que la ley en sí no determina? ¿por qué someter a confusiones a un ya confuso electorado, cuando existen medios válidos y suficientes para llegar al triunfo, si éste así lo decide?”, subraya la magistrada en la sentencia de primera instancia.
“Indudablemente, como claramente lo determina el considerando del Decreto Nº 1478/11 (el de convocatoria a elecciones generales) ab initio nomás, ‘..es atribución del Poder Ejecutivo Provincial efectuar la convocatoria a la ciudadanía para las elecciones en el distrito dentro de los plazos que las normativas autorizan...’. Dice luego que ‘... la Ley Nacional Nº 15.262, autoriza a las provincias a realizar sus elecciones provinciales y municipales simultáneamente con las elecciones nacionales, bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio...’. Sin embargo, el artículo 4º de la ley citada dice en forma expresa: ‘ ...Las provincias cuyas normas constitucionales les impidan acogerse al régimen previsto por esta ley, podrán celebrar simultáneamente elecciones nacionales, provinciales y municipales, en la misma fecha y en el mismo local, previo acuerdo de las juntas electorales respectivas con la Junta Electoral Nacional, en todo lo concerniente al mantenimiento del orden y a la efectividad de las garantías acordadas por el régimen electoral vigente”, repasa la magistrada
Así concluye que “nada de ello condice con el considerando del Decreto Nº 1479/11, en el cual el Poder Ejecutivo de la Provincia ‘ha considerado apropiado fijar la fecha del día 14 de agosto de 2011 para la realización simultánea con la Elección Primaria, Abierta, simultánea y Obligatoria que establece la ley 26.571’. La decisión tomada por el Poder Ejecutivo, en el caso de autos, no refiere -tal como sostiene la Fiscal Adjunta- ‘a un acto administrativo, con lo cual podría hacer uso de facultades discrecionales’... (y aún así, "las discrecionalidades" también deben reconocer un límite...), sino que se trata de un acto eleccionario cuyas consecuencias y derivaciones involucran a la ciudadanía toda. Las "dudas", las "impugnaciones", las "denuncias", las "acusaciones de fraude" que recíprocamente se adjudican unos y otros participantes, hacen que los resultados se tornen lentos y las indefiniciones alcancen ribetes que lleven incluso a la necesidad de sufragar nuevamente, como acaba de suceder en la provincia de Chubut. Por eso, cualquier ciudadano, en uso de las facultades previstas primigeniamente por el art. 14 de la Constitución Nacional, puede peticionar a las autoridades, como en este caso lo hace la amparista, invocando su carácter de ciudadana. Y es merituando ese carácter y los derechos constitucionalmente protegidos, que la considero "legitimada para obrar", rechazando la oposición del Poder Ejecutivo”, continúa el fallo.
Fuente: Página Política
