POR MARIANO CÚPARO ORTIZ

Acerca del latrocinio del siglo

Los medios repiten una y otra vez, hasta el cansancio, las novedades y avances del escándalo que involucra al ex secretario de Obras Públicas José López, pero hablan poco sobre las también escandalosas transferencias de riqueza que protagonizan los sectores económicos más poderosos gracias a la regulación del estado macrista.
20.06.2016 | 19:06
Juguemos a que estamos en nuestro primer día en la escuela de periodismo: ¿Cuál es la noticia de tapa?

Dato 1:
tal como detalla la reciente investigación Transfiriendo al Capital, de los economistas Itaí Hagman, Martín Harracá y Pablo Wahren, la devaluación significó, hasta abril del 2016, una transferencia de 4.786 millones de dólares (desde la clase obrera urbana, que absorbe el peso inflacionario de la devaluación) hacia los exportadores. La mitad fue directamente hacia las 23 empresas más grandes del sector.

Dato 2: como muestra el mismo trabajo, la quita de retenciones significó una transferencia de 704 millones de dólares (siempre desde la clase obrera urbana, que ve encarecido su consumo) hacia los exportadores, tanto agrarios como mineros.

Dato 3: siempre según los citados economistas, la alta tasa de interés de las LEBACs ofrecida por la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA, en contraposición con la baja tasa relativa de los plazos fijos (diferencia que a su vez fue permitida por el BCRA), significó una transferencia de 3.074 millones de dólares (desde los usuarios) hacia los bancos.

Dato 4: el pago a los fondos buitres significó una transferencia de 9.300 millones de dólares para lo peor del mundo de las finanzas.

Dato 5: el ex secretario de Obras Públicas José López apareció con un bolso con 9 millones de dólares.

Dejemos de lado el ejercicio periodístico. Lo importante del caso del ex secretario es determinar a cambio de qué recibió ese dinero. Qué dejó de controlar, en qué se hizo el sota, en qué nos estafó alguna constructora contratada por el estado, qué obra se hizo mal.

Lo más terrible de que las funciones reguladoras del estado pasen a estar a la venta no es la venta en sí, sino que en esas funciones quedará la buena práctica de lado y se empezará a inclinar la balanza para el lado de aquellos que pueden pagar una coima. Pueden hacer mal las cosas, siempre y cuando paguen algo a cambio.

Pero, si el motivo de la vista gorda no fuera el dinero, sino la simpatía o la amistad o lo que sea, el perjuicio para la sociedad sería el mismo. Si usted cruza con su auto un semáforo en rojo, o si le roba la billetera a otro ciudadano, y luego arregla el asunto con un policía, ya sea por dinero o por amistad, lo terrible en cualquier caso es que usted está poniendo en riesgo la vida de los demás, o quitándole al otro lo que se ganó con su trabajo, y que finalmente se retira impune. La regulación del tránsito o de la seguridad urbana estará fallando.

¿Es necesario que los exportadores, bancos y buitres hayan pagado una coima a cambio de estas transferencias para poder considerarlas unas estafas tan o más (la apabullante diferencia de ceros indicaría que mucho más) perjudiciales que la del corrupto ex secretario de Obras Públicas?

Comprender el carácter social de lo económico implica aceptar que existen siempre conflictos de intereses entre los diferentes grupos sociales. Tomando sólo el primero de los ejemplos dados: los exportadores precisaban un dólar más caro. Los trabajadores uno a un precio cercano al que ya existía, para que la inflación no arruinara su poder adquisitivo. He ahí el conflicto.

El Estado fue quien tuvo la potestad de regularlo y la forma en la que finalmente lo hizo implicó una transferencia bestial (531 veces lo que había en el bolso del ex secretario) desde los más débiles hacia los más fuertes.

Por coimas, por amistad, por sumisión o porque el policía es también el ladrón. Este cronista no conoce la respuesta pero ya sabe cuál sería su nota de tapa.


* El autor es periodista, se licenció en Comunicación por la UNSAM y cursó la maestría en Sociología Económica en IDAES-UNSAM.
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