Reforma previsional: recortará hasta un 20% las nuevas jubilaciones

El texto, firmado por el defensor Lisandro Amavet y la defensora de los Derechos de las Personas Mayores Marcia López, sostiene que una reforma que solo equilibra números “a costa de los derechos” no es una solución estructural sino “un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.

La Defensoría recordó que en la capital entrerriana hay 17.000 beneficiarios y 30.000 aportantes activos que serían afectados directamente por los cambios. “No son estadísticas; son vecinas y vecinos de Paraná”, subraya el documento.

Si bien la institución reconoce el déficit histórico de la Caja, advierte que el proyecto oficial “requiere revisiones sustanciales” para garantizar compatibilidad con los compromisos constitucionales y con los tratados internacionales que protegen derechos previsionales.

Los puntos más críticos señalados por la Defensoría
El informe detalla una serie de observaciones jurídicas y de impacto social. Estos son los principales cuestionamientos:

Edad jubilatoria de 68 años para nuevos aportantes. La Defensoría considera que el tope propuesto es excesivo: la expectativa de vida en Argentina es de 77 años. Con 68 años de retiro, el promedio de disfrute del haber sería de apenas nueve años. La edad supera los parámetros de otras provincias con cajas propias y de sistemas previsionales comparados en la región.

Impacto de género: discriminación indirecta. El 66% de los aportantes de la Caja son mujeres. La reforma propone condiciones iguales para varones y mujeres, pero esa “igualdad formal” —advierte la Defensoría— genera desigualdad real porque ignora: las interrupciones laborales por tareas de cuidado; la menor densidad de aportes acumulados por las mujeres; la obligación del Estado, según CEDAW, de evitar medidas regresivas.

Determinación del haber inicial. El proyecto propone calcular el haber con el promedio de 20 años, en lugar de los últimos 10. La Defensoría advierte que esto implicaría una reducción del 15% al 20% del haber inicial. No existe en el país ninguna caja provincial que tome más de 10 años.

Declaración de emergencia previsional. El organismo sostiene que no corresponde declarar una emergencia para un problema estructural que la Caja arrastra desde los años 80. “Eso no es emergencia en sentido constitucional: es un atajo que no resiste el escrutinio de razonabilidad”, afirma.

Delegación legislativa excesiva. El artículo 3° faculta al Ejecutivo a fijar aportes, contribuciones y límites a beneficios.
La Defensoría considera que esto viola el artículo 76 de la Constitución Nacional por falta de límites y bases claras.

Prórroga indefinida de la emergencia. El proyecto permite al Ejecutivo extender la emergencia sin plazo.
La Corte Suprema ha advertido que las emergencias no pueden convertirse en estados permanentes.

Aportes solidarios a jubilados en actividad. La Defensoría señala que esto constituye una reducción encubierta del haber, prohibida por la doctrina de la Corte Suprema y del STJER.

“La sostenibilidad y la dignidad no son objetivos opuestos”
El documento insiste en que la reforma debe equilibrar dos principios: sostenibilidad financiera y protección de derechos.

“La sostenibilidad y la dignidad de los trabajadores no son objetivos opuestos. Son las dos caras de una misma política pública responsable”, afirma la Defensoría. El informe recuerda que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y que ignorarlos “no elimina su vigencia, sino que convierte al proyecto en una fuente de litigiosidad futura”.

La Defensoría pidió ser convocada al Senado.