LA LUPA SOBRE EL PROCESO LICITATORIO
Cresto pidió informes por la adjudicación en Comedores
Un grupo de diputados provinciales, encabezado por Enrique Cresto (PJ), presentó un pedido de informes para conocer detalles de la Licitación Pública Nº 02/26, vinculada al nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares. Solicitan precisiones sobre montos, ejecución, calidad nutricional e impacto en proveedores locales.
29.07.2026 | 11:18
Un pedido de informes ingresado a la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca obtener detalles sobre el expediente administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/26, destinada a modificar el sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares en la provincia.
La iniciativa fue presentada por el diputado Enrique Cresto, del bloque Más para Entre Ríos, y contó con el acompañamiento de integrantes de su bancada. El objetivo, según se plantea en el proyecto, es acceder a información “completa, verificable y accesible” sobre una contratación vinculada a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
El pedido solicita precisiones sobre los montos difundidos públicamente y las condiciones de implementación del nuevo esquema de alimentación escolar. Los legisladores señalaron que resulta necesario conocer el alcance económico de la contratación y los criterios utilizados para definir sus valores.
Entre los datos que requieren aclaración aparecen un presupuesto oficial de $42.669.617.445, un monto máximo adjudicado de $101.726.784.000, un valor de $1.600 por ración y un universo estimado de 63.579.240 raciones. En ese sentido, solicitaron conocer cómo fueron calculadas esas cifras y cuáles serán las órdenes efectivamente emitidas durante la ejecución del contrato.
Además, el planteo legislativo sostiene que la evaluación del sistema no debe limitarse al costo económico de cada ración, sino que debe contemplar la composición nutricional, los gramajes, la incorporación de alimentos frescos, la logística, los controles, la infraestructura disponible en las escuelas, las dietas especiales y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.
Los diputados también expresaron preocupación por el impacto que la contratación podría generar sobre proveedores locales que actualmente abastecen a establecimientos educativos entrerrianos, como almacenes, panaderías, distribuidores, cooperativas y pequeñas empresas. Según indicaron, una posible centralización del servicio podría afectar fuentes de trabajo en distintas localidades.
La iniciativa fue presentada por el diputado Enrique Cresto, del bloque Más para Entre Ríos, y contó con el acompañamiento de integrantes de su bancada. El objetivo, según se plantea en el proyecto, es acceder a información “completa, verificable y accesible” sobre una contratación vinculada a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
El pedido solicita precisiones sobre los montos difundidos públicamente y las condiciones de implementación del nuevo esquema de alimentación escolar. Los legisladores señalaron que resulta necesario conocer el alcance económico de la contratación y los criterios utilizados para definir sus valores.
Entre los datos que requieren aclaración aparecen un presupuesto oficial de $42.669.617.445, un monto máximo adjudicado de $101.726.784.000, un valor de $1.600 por ración y un universo estimado de 63.579.240 raciones. En ese sentido, solicitaron conocer cómo fueron calculadas esas cifras y cuáles serán las órdenes efectivamente emitidas durante la ejecución del contrato.
Además, el planteo legislativo sostiene que la evaluación del sistema no debe limitarse al costo económico de cada ración, sino que debe contemplar la composición nutricional, los gramajes, la incorporación de alimentos frescos, la logística, los controles, la infraestructura disponible en las escuelas, las dietas especiales y la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.
Los diputados también expresaron preocupación por el impacto que la contratación podría generar sobre proveedores locales que actualmente abastecen a establecimientos educativos entrerrianos, como almacenes, panaderías, distribuidores, cooperativas y pequeñas empresas. Según indicaron, una posible centralización del servicio podría afectar fuentes de trabajo en distintas localidades.
